Para todos son bien conocidas las causas de los males ambientales que nos aquejan. La enorme presión sobre los recursos naturales generada por el portentoso consumo de energía producto del desarrollo científico y tecnológico y del crecimiento demográfico o crecimiento exponencial de la población; la racionalidad propia del crecimiento económico siempre sustentado en el uso de los recursos, situando el capital natural al servicio del capital económico de manera indiscriminada y sin medir consecuencias; la ausencia de políticas ambientales acorde con las políticas estatales y sociales; una visión antropocentrista del mundo, de índole filosófica, cultural y religiosa que generó la brecha entre la sociedad y la naturaleza, colocando esta última al servicio indiscriminado de la primera, es decir, el hombre como amo y dueño de las cosas y de la naturaleza. Pero sin importar las causas, el derecho ha valorado.